¿Son los idiomas propiedades cuya titularidad cabe reconocerle a alguien? Pero... ¿a quién? ¿Tal vez a las regiones o las comarcas en que se utilizaron por primera vez? ¿Y por qué no a los países con más hablantes o a aquellos en donde supuestamente se hablan mejor? ¿La lengua española tiene dueño, tiene un dueño?

Sería difícil determinar cuál de estas preguntas tiene menos sentido. A bote pronto respondería uno que no, que una lengua no tiene propietario conocido, o que lo son todos sus hablantes. El problema se complica cuando entran en juego intereses materiales, cuando se intenta fundamentar en supuestos títulos de propiedad sobre un idioma el derecho a explotarlo económicamente. Como si sólo pudieran intentar obtener beneficios de él quienes justificaran tal aspiración con inequívocas credenciales de pureza idiomática, de abolengo lingüístico o, lo que puede ser peor, de identidad colectiva relacionada con la forma de hablar...

Pero son argumentos como estos los que, a principios del verano, en España, han empleado varias Comunidades Autónomas para sustentar sus proyectos de aprovechamiento económico del español. Argumentos que por una parte podrían considerarse innecesarios y que por otra parte, llevados al extremo en un razonamiento lógico, no producirían sino resultados perversos y absurdos. Repasemos la secuencia de hechos y declaraciones.

El 22 de junio, Miguel Ángel Revilla, presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, obtuvo de éste un compromiso de "completo apoyo" al proyecto de creación de una "Universidad del Castellano" en la antigua Universidad Pontificia de Comillas. Se trataría de instalar allí, en la que durante muchos años fue sede de un gran seminario jesuita, un centro de enseñanza del español para extranjeros que se convirtiera en "referente mundial" de esta actividad y en un "centro emblemático" del idioma. Para ello sería necesario, entre otras cosas, rehabilitar los tres edificios de la Universidad -rodeada de verdes prados en lo alto de una colina, frente al mar- o al menos el más antiguo, de finales del siglo XIX. La inversión inicial del proyecto ascendería, según los primeros cálculos de Cantabria, a 120 millones de euros.

Se supo entonces que entre los argumentos que habían empleado los mandatarios autonómicos para "venderle" a Rodríguez Zapatero el plan, justificando el hecho de que se llevara a cabo en Cantabria, se encontraba el de que en esta región fue donde "nació el castellano hablado", donde "se balbucieron sus primeras palabras". Dejando de lado las gastadas y equívocas metáforas del "nacimiento" de una lengua o de los "balbuceos" de sus "primeros" hablantes, mediante esa justificación histórica Cantabria venía a marcar la diferencia con La Rioja y su monasterio de San Millán de la Cogolla, reconocida "cuna" del castellano escrito gracias a sus famosas glosas en temprano romance.

Y, claro, el gobierno autonómico de La Rioja no tardó en reaccionar: según su director general de Cultura, el proyecto Comillas intentaba "desviar el centro de atención sobre el origen del idioma castellano", por lo que podía considerarse "una aberración" y el "robo de un referente regional". La prensa echó más candela a ese fuego al afirmar que el plan cántabro constituía una "amenaza" para "los intereses riojanos" al estar basado en una de "sus señas de identidad": Zapatero y Revilla no se daban cuenta de que tal vez estuvieran "robando identidad a otra región". Otras voces se referían al español como "emblema de la Riojanidad", y tildaban la iniciativa de Cantabria de "injerencia oportunista".

Hubo también quien acusó a las autoridades de Cantabria de plantear la idea sólo como "excusa para rehabilitar el magnífico edificio de la universidad de Comillas", y no faltaron las interpretaciones en clave política del apoyo de Rodríguez Zapatero al gobierno cántabro: en él está presente el PSOE gracias a los votos del Partido Regionalista (el partido de Revilla), mientras que en La Rioja, en cambio, gobierna el Partido Popular. Pero lo más interesante fue el cruce de razonamientos pseudofilológicos entre gobernantes regionales. Así, el consejero de Cultura de La Rioja afirmó: "Cualquiera que quiera beber en la fuente del español tendrá que venir al manantial de la lengua española, que está en San Millán de la Cogolla". A lo que el presidente de Cantabria, sin poner en duda que los primeros manuscritos en castellano se encuentren en La Rioja, declaró creer "personalmente" que la forma hablada de este idioma surgió en su Comunidad: "Allá por el setecientos y pico", aseguró con deliciosa e imprecisa precisión, "en las montañas de los Picos de Europa se empezó a hablar castellano" [1].

Para terminar, el mismo día de finales de julio en el que Rodríguez Zapatero, en su ronda de reuniones con los presidentes autonómicos, recibía al de La Rioja, Pedro Sanz (quien le pidió apoyo para un nuevo "Centro de Investigación de la Lengua Española" en San Millán de la Cogolla), un alto mandatario de otra Comunidad, la de Castilla y León, realizó un anuncio interesante: se pondría en marcha un plan, dijo, con el objetivo de potenciar la imagen de su región "como lugar idóneo para el aprendizaje del mejor castellano, a semejanza del prestigio que gozan en la enseñanza del inglés las ciudades británicas de Oxford o Cambridge". Poco después, desde la prensa vallisoletana se pedía que la Real Academia Española abandonara su sede en Madrid para trasladarse a Castilla, por ostentar esta región -las cursivas son mías- "la titularidad de origen del castellano" y hallarse "por naturaleza habilitada para guiar el uso correcto de este idioma" [2].

El español, condominio de usufructo general (de Mendoza a Mazatlán, y más allá)

Volvamos ahora a las preguntas del comienzo, reformuladas a la luz de la historia que acabamos de relatar. ¿Una lengua internacional, hablada en más de veinte países por decenas de millones de personas, puede decirse que pertenece más a las regiones donde se supone que se utilizó antes o a los pueblos que se jactan de hablarlo mejor? ¿Tiene sentido erigir el español en seña de identidad colectiva? ¿Cabe hablar de "robo" en cuestiones de lengua? ¿Hay ciudades, regiones o países hispanohablantes con más derecho que otros a intentar sacar partido económico del español?

Si tenemos que plantearnos ahora estas preguntas, al hilo de lo ocurrido este verano en España, diría uno que se debe a que en los últimos años, y de manera cada vez más acelerada, ha ido creciendo la conciencia sobre el valor económico de la lengua española. Políticos de diferentes regiones de España se han ido dando cuenta de que el español es un recurso económico de primer orden, situado en el corazón de muchas actividades que reportan grandes beneficios, un recurso que sirve, por ejemplo, para fomentar un tipo de turismo diferente del que sólo consume sol y playa... Una materia prima "abundante, limpia, barata, atractiva para nuestros vecinos y [que] previsiblemente, tardará mucho tiempo en agotarse", como escribió el 19 de julio en El País el lingüista Juan Ramón Lodares [3]. Además, en muchos sitios está cada vez mejor visto todo lo que tiene que ver con la lengua común, por lo que los proyectos relacionados con ella pueden aportarle un buen prestigio de tipo cultural a la administración o institución pública que decida emprenderlos.

Pero aunque el mercado del español es un mercado en expansión, con mucho crecimiento por delante, la concurrencia en él de iniciativas oficiales -que en principio es positiva y saludable- quizá no pueda dejar de generar actitudes y sentimientos de competencia, en lugar de un más deseable espíritu de cooperación. Por otra parte, desde un punto de vista mercadotécnico resulta comprensible que los políticos de una región quieran apuntalar sus proyectos de aprovechamiento económico de la lengua con argumentos directos, sencillos y de atractivo contundente, pero no deberían olvidar que esos argumentos no son necesarios en realidad para justificar la puesta en marcha de tales proyectos ni bastan para impedir que los políticos de otras regiones emprendan los suyos propios.

Por decirlo claro: en lo que toca a la explotación económica de la lengua española, ¿qué más da dónde "naciera"? Y si fuera posible identificar el lugar con precisión, ¿por qué sus moradores o sus autoridades actuales habrían de estar más legitimados que el resto de los hispanohablantes para beneficiarse de su potencialidad como recurso económico? Tampoco los sitios en que se habla un español de supuesta mayor calidad cuentan por ello con más razones para promocionarse como destinos de turismo lingüístico. Porque estamos aquí ante uno de los más extendidos tópicos en torno a la lengua: el de que en ciertas ciudades o países es mejor. Pero si se descartan los lugares comunes (Valladolid, Bogotá...) y se evitan los pujos de purismo y casticismo, lo más sensato es pensar que el mejor español -como también el peor- se encuentra... por todas partes: depende, para empezar, de quién lo hable o lo escriba (y con quién, para qué, en que situación...), y también de la vara de medir que se elija.

En suma, que no hace falta presumir de buen castellano, pretenderse cuna del español o exhibir este idioma como seña de identidad regional o nacional, para justificar intereses pecuniarios o de desarrollo económico basados en la lengua. Porque en este asunto, aunque suene contradictorio, no valen las palabras, es decir, no valen los pavoneos históricos, las reclamaciones de derechos, la ostentación de supuestos títulos de propiedad o de no menos supuestas ejecutorias de hidalguía lingüística. Valen sólo los hechos, la voluntad de actuar -voluntad política, tratándose de organismos oficiales- y la capacidad de hacerlo. Como el español, al igual que el resto de los idiomas, no está protegido por el Derecho de Autor, no hay que pedir autorización a nadie para tratar de utilizarlo con fines de lucro. Cualquiera puede intentarlo, incluso quienes no lo tienen como lengua materna, de modo que no hay nada que objetar cuando lo hacen empresas o instituciones de países no hispanohablantes. Nada que objetar, aunque sí tal vez que emular, y jugando con la ventaja de conocer mejor el meollo del negocio.

Por otra parte, ante la polémica en torno a la lengua surgida este verano en España, no puede uno dejar de preguntarse cómo se percibiría, si se tuviera noticia de ella, en México, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Cuba... ¿No les parecería un poco... ridícula? Porque atendiendo a un criterio demolingüístico, no cabe duda de que el peso del español está en América y de que su valor económico se debe al número de hispanohablantes americanos. De modo que lo mejor que pueden hacer las ciudades o las Comunidades Autónomas españolas que quieran poner en marcha iniciativas relacionadas con el español es incluir en ellas de manera destacada la dimensión americana del idioma. Y no olvidarse de la posibilidad de desarrollarlas mediante la cooperación con otras regiones y otros países hispanos. Como han hecho, por ejemplo, el Instituto Cervantes y la Universidad Nacional Autónoma de México con la creación de un certificado panhispánico del español para estudiantes extranjeros, presentado en Madrid al principio de este verano [4].

Porque si hay que pensar en el español como en una propiedad, la forma que ésta tendría sería la de un condominio, la de un patrimonio que pertenece por igual a todos sus hablantes (pero cuyo usufructo, como hemos visto, no se puede negar a quienes no lo son). Así, la lengua española es tan de Temuco, en Chile, como de Bucaramanga, en la Colombia santandereana, o de la capital del Chiriquí panameño, David; tan de Culebra, en Venezuela, como de Isla Culebra, en Puerto Rico, y de la Sierra de la Culebra, en Zamora, España; tan de Mendoza como de Manila, Manzanillo, Malabo, Miami, Mondoñedo, Matagalpa o Mazatlán; tan de Uruguay como de El Salvador, tan de la República Dominicana como de Bolivia, tan de Estados Unidos como del Perú, tan de...

¡... de Andalucía también, sí!, aunque este verano un político catalán haya asegurado, junto con otra porción de cosas más o menos graciosas, que Andalucía "no tiene lengua propia" [5]. ¡No la va a tener! Es el español, por supuesto, pero no por ser la lengua natural de esa región (esto carece de sentido), sino porque sus habitantes la hablan mayoritariamente, y por tanto constituye -siguiendo con la metáfora- una propiedad suya. Claro que lo que el político quería decir (y lo expresaba mal) es que Andalucía no cuenta con una lengua "distinta de la común española". Y así venía a revelar su peculiar concepción de "lo propio": algo así como "lo que es mío y de nadie más" o "lo que es mío y diferente de lo de los demás".

Sin entrar ahora en el hecho de que el catalán, respecto a Cataluña, tampoco encajaría en esa definición, lo que está claro es que la lengua española no deja de ser propia de todos los que la poseen por el hecho de que la compartan: no por constituir un patrimonio de muchas personas de pueblos y países distintos, deja de pertenecerle a cada uno de ellos. Y por esto mismo, no tiene sentido que ninguno se arrogue su posesión exclusiva o preferente y se sienta con más derecho que los demás a emplearla, promocionarla e incluso explotarla como mejor le parezca.